20 de nov. (Sentido Común) -- Unos tres mil servidores públicos presentarán hoy cinco demandas de amparo colectivo contra la Ley Federal de Austeridad Republicana, que entró en vigor hoy y que impide a los altos mandos de la administración pública a trabajar en una empresa que hayan supervisado o regulado por un plazo de 10 años tras dejar el cargo público.

     Los recursos de amparo incluyen a altos mandos y jubilados de diversas instituciones, tales como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), encargada de vigilar el desempeño de la industria bancaria y bursátil del país; el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) --ahora denominado Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado-- encargado de vender y administrar los bienes que incauta el gobierno; el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), que regula el sistema de transmisión eléctrico del país, y Banco de México, dijo en entrevista el abogado Rodolfo Martínez, de la firma Trusan y Roma. 

     “Toda la noche no hemos dormido para terminar de preparar las demandas que vamos a presentar hoy mismo, que es el primer día en que se puede impugnar la ley”, dijo Martínez.

     Este despacho de abogados representa a cerca de cinco mil 700 clientes, incluidos a jubilados, que buscan también protegerse contra la legislación por afectar también sus percepciones al prohibir cajas y fideicomisos de ahorro, así como servicios de gastos médicos mayores y de separación individualizados.

     La ley cataloga a este tipo de recursos como “privilegios económicos” en el título que atañe al “Comportamiento austero y probo de los servidores públicos”.

     Un ejemplo de la cancelación de prestaciones ocurrió con los servicios médicos privados a los que tenían acceso los jubilados del SAE por medio de un seguro, el cual les permitía acudir a una consulta en la red médica de Grupo Empresarial Ángeles, propietaria de los Hospitales Ángeles.

     “Es un acto de defensa plena de sus derechos constitucionales, que no están dispuestos a que sean violados por la cuarta transformación [como llama el presidente Andrés Manuel López Obrador a su gobierno] y por la ley, que más que un conjunto de normas, cien por cierto jurídicas, parece un conjunto de postulados ideológicos”, dijo Martínez.

     El bloque de las primeras solicitudes de amparo se ingresará en los Juzgados de Distrito del Centro Auxiliar en la Ciudad de México. En las siguientes semanas, el despacho Trusan y Roma continuará con el resto de las solicitudes.

     A casi un año de su inicio, la administración lopezobradorista, bajo el argumento de acabar con privilegios de la llamada “burocracia dorada”, cerrar los espacios al conflicto de interés y erradicar el “cáncer de la corrupción”, ha sacudido el aparato burocrático.

     Los cambios propuestos por este gobierno a la Ley de Remuneraciones para recortar los salarios de los servidores públicos y, ahora, la recién publicada Ley Federal de Austeridad Republicana, podrían desencadenar más renuncias de altos mandos y funcionarios, sobre todo en entidades especializadas, como la CNBV, que supervisan varias industrias y que por lo mismo limitaría las posibilidades de empleo de sus altos cuatros tras el desempeño público.

     De hecho, esa dependencia ha ya venido sufriendo múltiples abandonos, por los recortes salariales y que ahora podrían exacerbarse por las limitaciones futuras de trabajo.

     Para algunos abogados estas reformas podrían pelearse ante tribunales por no ajustarse con lo establecido por la Constitución, que es la máxima norma en México.

     “Es inconstitucional, el artículo quinto [constitucional] contempla que a nadie se le puede prohibir dedicarse a cualquier actividad lícita, y es lo que se está haciendo”, dijo Raúl Wilfredo Padilla, del despacho Marván y Muñoz Abogados, otra firma legal que ha revisado la nueva legislación, en entrevista. “Por una parte se le está poniendo un tapón a la corrupción. . .pero es querer medir a todo mundo con el mismo rasero pensando a priori que todo mundo es corrupto, y eso es falso”.

     De acuerdo con fuentes del sector financiero consultadas previamente y quienes pidieron el anonimato, el regulador del sistema financiero nacional, o la CNBV, registró la salida de 42 directores generales, alrededor de 40 directores generales adjuntos y unos 300 trabajadores de confianza desde diciembre de 2018, cuando inició el gobierno de López Obrador.

     No es claro cuántas de estas renuncias se deben a diferencias con las políticas de la nueva administración o cuántas fueron resultado de la reconfiguración de las operaciones de la Comisión o de los recortes salariales.

     De acuerdo con cifras del reporte anual de 2018, en CNBV laboraban mil 467 servidores públicos, por lo que las renuncias antes mencionadas representan 20.4% de su plantilla laboral.

     Sentido Común ha buscado en reiteradas ocasiones al regulador del sistema financiero, sin tener respuesta hasta el momento.

     El 19 de noviembre que se publicó la Ley de Austeridad en el Diario Oficial de la Federación, Irma Eréndira Sandoval, titular de la Secretaría de la Función Pública, presumió que el gobierno federal logró ahorros por más de 161 mil millones de pesos (ocho mil 300 millones de dólares) por disminución de gastos en publicidad, recorte de plazas y cancelación de seguros de gastos médicos mayores, así como mil millones de pesos por la cancelación de 655 plazas de dirección general adjunta, las cuales la ley contempla eliminar por completo.

     Es “un compromiso del gobierno de México acabar con el dispendio y la corrupción, prevenir los conflictos de interés y fortalecer el gasto social”, dijo Sandoval Ballesteros, a través de un comunicado.

     Sin embargo, estas nuevas medidas en el servicio público avivaron los temores entre los funcionarios que actualmente trabajan en la administración pública, quienes, además, vieron con preocupación la advertencia de López Obrador, en su conferencia matutina del martes, sobre una nueva sacudida en la burocracia.

     Los servidores públicos “tienen miedo. . . están preocupadísimos, porque es lo que saben hacer en sus vidas y no pueden trabajar en bancos ni en una casa de empeño”, dijo en la entrevista Martínez, del despacho Trusan y Roma Abogados. “Están cansados”.

Fecha de publicación: 20/11/2019