28 de ago. (Sentido Común) -- Las empresas operadoras de gasoductos que resolvieron su disputa contractual con Comisión Federal de Electricidad, o CFE, en torno a los térmnos para construir siete gasoductos aceptaron, como parte de esa resolución, devolver los pagos recibidos por la empresa productiva del Estado tras decretar como causa del retraso para la entrega de esas obras casos fortuito o de fuerza mayor, uno de los elementos que originó la disputa entre ambas partes en los primeros meses del año.

     A cambio de devolver esos pagos que disputaba CFE, las empresas contratadas --Carso Energy, Infraestructura Energética Nova (IEnova) y TC Energy--, obtuvieron una ampliación, de entre cinco y 10 años, en los plazos de operación de los ductos, y otros beneficios, dijo Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la organización que agrupa a las principales cámaras empresariales del país, en una conferencia de prensa.

     CCE fue uno de los organismos que ayudó y acompañó a las empresas privadas especialistas en sistemas de transporte de combustibles a alcanzar un acuerdo con CFE.

    La cláusula contractual de caso fortuito o fuerza mayor, que formaba parte de los contratos para el transporte de gas natural firmados durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto, establecían que las empresas que no podrían concluir a tiempo la edificación de los ductos debido a problemas ajenos a su responsabilidad, podrían recibir pagos por parte de la empresa estatal.

     Este tipo de contraprestación, conocida como cargo fijo por capacidad, es una medida común en este tipo de contratos a nivel internacional, y para entrar en vigor requirió del visto bueno de CFE, aunque bajo la nueva administración de la empresa estatal las pretextos de caso fortuito o fuerza mayor no perecieron válidos ya que el clausulado de los contratos hacía recaer en las compañías privadas la responsabilidad de resolver ciertas disputas que podrían generarse durante el tendido de los ductos, lo que podría invalidar la fuerza mayor.

    Así, el tener que pagar por una obra inconclusa no gustó al nuevo gobierno, motivando al presidente, Andrés Manuel López Obrador, y al director general de CFE, Manuel Bartlett Díaz, a calificar públicamente los contratos en sus términos originales de “leoninos”, y urgir a las empresas la renegociación de sus términos, o a enfrentar un prolongado litigio en instancias de arbitraje internacionales --un mecanismo de resolución de conflictos establecido en los propios contratos.

     Tras las negociaciones y tras alcanzar un acuerdo las partes finalmente desistieron de utilizar esos mecanismos de resolución de controversias.

      La situación de la cláusula de fuerza mayor y el cargo fijo por capacidad fue uno de los puntos poco claros tras el anuncio ayer sobre del acuerdo alcanzado entre autoridades y empresa.

      El mensaje, dado a conocer durante la tradicional conferencia matutina del presidente López Obrador, tuvo como punto central el cambio de la tarifa que pagará CFE a las empresas transportista de gas por el servicio precisamente del transporte del combustible. Bajo lo acordado, esas tarifas pasaron, en cada caso individual, de ser crecientes a fijas.

     Sin embargo, ni CFE ni las empresas hablaron ayer sobre los pagos fijos que molestaron a la empresa estatal.

      Hoy, CCE, durante una conferencia para hablar del acuerdo, aclaró el punto y dio como ejemplo el caso de TC Energy, la compañía energética canadiense antes conocida como TransCanada, que por asuntos ajenos a ella no ha podido terminar la construcción de los ductos Tula-Villa de Reyes y Tuxpan-Tula, y accedió a eliminar de sus contratos la cláusula referente a fuerza mayor mientras sus ductos entran en operación.

     A cambio, TC Energy recibió plazos mayores y otras ventajas, dijo Salazar Lomelín, durante la conferencia, situación que se replicó en la renegociación de los contratos en conflicto que tenía IEnova y Carso Energy con CFE.

    A diferencia de estas tres empresas, Fermaca, una compañía mexicana que construye dos gasoductos para CFE --Villa de Reyes-Aguascalientes y La Laguna-Aguascalientes-- aún no llega a un acuerdo con las autoridades.

    Al respecto, Salazar confirmó que CFE y Fermaca mantienen reuniones para alcanzar un acuerdo lo antes posible.

    Por otro lado, CCE dio a conocer que CFE se comprometió a subastar el desarrollo de infraestructura adicional para conectar el transporte de gas natural hacia el sureste del país, una zona del país que no cuenta con abasto suficiente de gas. La construcción de esa infraestructura podrá abrir oportunidades de negocio para las empresas transportistas de gas natural que ya han trabajado con la empresa estatal, u otras.

     Para los empresarios representados por CCE, el acuerdo no solo evitó a CFE un panorama complicado en los tribunales arbitrales internacionales, sino que también le permitirá ahorros por el uso de los gasoductos de cerca de cuatro mil 500 millones de dólares menos. Ese ahorro, lo calculó CFE con base en el diferencial del costo del transporte que iba a pagar con las tarifas antiguas de cerca de 21 mil millones de dólares, contra el pago total actual estimado de 16 mil 500 millones.

     Claro que CFE no es la única beneficiada, ya que a los industriales del país, el acuerdo les permitirá reducir sus costos energéticos, de acuerdo con Francisco Cervantes, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de México (Concamin), quien tambié atendió la conferencia organizada por CCE.

     Parte de ello se debe a que la entrada en operación de los ductos permitirá a México contar con 40% más de gas natural del que tiene hoy y a un costo menor al de cualquier país de Europa --excepto Rusia--, Asia y América Latina por poder importarlo de Estados Unidos, país con una de las producciones de gas más barata del mundo.

     Con el cierre de la disputa por los contratos de gasoductos, la iniciativa privada y gobierno podrán centrarse en desarrollar un plan para atender los más de mil proyectos de infraestructura que requiere el país, por lo que en breve CCE presentará, tras pláticas con las autoridades gubernamentales, sus propuestas para realizar obras de infraestructura en todo el país.

   El acercamiento entre sector privado y el gobierno, tras la experiencia de las mesas de trabajo abiertas para solucionar el conflicto entre CFE y las constructoras de gasoductos, abriría la puerta a otros espacios similares para las industrias minera --que de acuerdo con Concamin enfrenta diversos problemas laborales y fiscales--, farmacéutica y turismo.

    A pesar de los avances en la relación, Salazar, quien fue uno de los presentes durante el anuncio ayer del acuerdo entre CFE y empresas, reconoció que si bien la estabilidad macroeconómica y las finanzas públicas son elementos positivos en la administración del presidente López Obrador, los empresarios sí sienten preocupación por la falta de crecimiento pero están más que dispuestos a invertir en el país para llevarlo a un nuevo y superior estadio de desarrollo.

Fecha de publicación: 28/08/2019