25 de ago. (Dow Jones) -- La administración del presidente Andrés Manuel López Obrador llegó a un acuerdo preliminar con cuatro compañías privadas para resolver una disputa sobre los términos bajo los cuales la empresa eléctrica estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) contrató la edificación de siete gasoductos, dijeron personas con información sobre las negociaciones para resolver ese conflicto.

     De acuerdo con los términos del acuerdo, que podría anunciarse el martes, CFE acordó pagar tarifas más altas por el gas natural que recibirá a través de los siete gasoductos, hoy seis de ellos inconcluso, una vez que se concluyan durante los próximos 10 años.

     Claro que, al mismo tiempo, la empresa estatal dejará de pagar algunas de las penalidades o costos en que debía incurrir por los problemas que enfrentaron las empresas constructoras de infraestructura para transportar gas natural, para terminar a tiempo el tendido de los gasoductos.

     El ahorro para CFE de esos costos adicionales será de cerca de 600 millones de dólares, de acuerdo al borrador del acuerdo preliminar al que tuvo acceso el diario The Wall Street Journal.

     Claro que las personas familiarizadas con las conversaciones advirtieron que el acuerdo tentativo podría aún fracasar. Las partes involucradas en las negociaciones tienen otra sesión de trabajo el lunes.

     Si se aprueba, el acuerdo permitirá poner fin a una disputa legal que amenazaba con dañar la reputación de México como un país confiable para invertir.

     Si bien la disputa se planeaba resolver de acuerdo a los mecanismos indicados en los contratos que firmaron CFE y las empresas constructoras y administradoras de gasoductos, el que las partes tuviesen que llegar a tribunales internacionales para resolver sus diferencias en contratos aceptados previamente por ambos lados, podría hacer que muchas compañías --nacionales y extranjeras-- dudaran de las ventajas de hacer negocios en México.

     El fin de la disputa también hará que en breve entre en operación, muy probablemente, el gasoducto marino que va del sur de Texas a Tuxpan, norte del estado de Veracruz. 

     Ese ducto, mejor conocido como Gasoducto Marino, lo terminaron de construir las empresas Infraestructura Energética Nova, o IEnova, y TC Energy (antes Transcanada) en junio, pero ante la disputa no ha entrado en operación.

     Si así ocurre, México incrementará en cerca de 40% la capacidad para traer gas desde Estados Unidos, una de las zonas donde ese energético tiene uno de los menores precios a nivel mundial.

     El gasoducto tardó en construirse ocho meses después de la fecha planeada debido a varios problemas, entre ellos el climatológico que previno el tendido del gas en el fondo del Golfo de México.

     La negociación para resolver los problemas con los contratos de los siete gasoductos comenzó en julio, e involucraban a CFE y las cuatro empresas constructoras de esa infraestructura, incluida una filial del conglomerado industrial Grupo Carso, controlado por el hombre de negocios más acaudalado de México, Carlos Slim, y la empresa de energía Fermaca.

     Para el presidente de México y el director de CFE, Manuel Bartlett, los contratos que firmó el gobierno anterior con las empresas resultaban deventajosos para las finanzas de la empresa estatal en caso de que su conclusión no se diera en la fecha indicada por cada contrato --como finalmente ocurrió con esos siete contratos.

     CFE declinó hacer comentarios sobre el acuerdo preliminar.

     En una reunión de mediados de agosto, Slim propuso la solución del conflicto directamente al presidente, de acuerdo con personas familiarizadas con el asunto. Un portavoz de Slim declinó hacer comentarios.

     Bajo los términos originales de los contratos, CFE estaba destinada a pagar tarifas que aumentaran cada año durante 25 años. Sin embargo, bajo los términos que propuso Slim, esas tarifas se “nivelarán”, o se “restablecerán” a un promedio a lo largo de la duración de los contratos, para posteriormente descontar entre 5 y 10% del costo del gasoducto.

     Así, en la primera mitad de la duración del contrato, las tarifas serían más altas que en el acuerdo anterior pero CFE dejaría de pagar algunas de las penalidades por los retrasos en su terminación. Además, los contratos se extenderán también por cinco años, de acuerdo con el acuerdo preliminar.

     Esta es la mejor solución para una situación desagradable”, dijo Gonzalo Monroy, analista independiente de la industria energética en Ciudad de México. “Estas compañías podrían haber llevado a CFE a juicio, y parece que van a evitar eso. Las compañías estarán protegidas, pero el gobierno puede reclamar una victoria política al reducir las tarifas”.

Fecha de publicación: 23/08/2019