25 de jul. (Sentido Común) -- La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) dijo que la construcción de un nuevo aeropuerto comercial en la base militar aérea de Santa Lucía, en las afueras de la capital del país, es posible ya que cumple con las normas ambientales para llevarse a cabo.
El fallo de Semarnat resulta un paso importante, aunque aún no es definitivo para que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador pueda comenzar la obra.
Con el nuevo aeropuerto en Santa Lucía, el gobierno actual, que entró en funciones a finales del año pasado, espera poder resolver el problema de la saturación aérea en el Valle de México luego de su decisión de cancelar la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en lo que fue el Lago de Texcoco.
Con esa terminal aérea, el gobierno anterior pensaba ampliar el número de operaciones aéreas en el centro del país a fin de incrementar la capacidad de conexión aeronáutica del país.
Sin embargo, López Obrador decidió en octubre del año pasado, cuando era presidente electo, no continuar con la obra, que llevaba un avance de entre 20 y 30%, por los elevados costos de terminación y mantenimiento.
Las sospechas de que los terrenos aledaños a la nueva terminal habían sido adquiridos por personas cercanas al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto también influyeron en la decisión del mandatario de no proseguir con la edificación de una nueva terminal aérea, que implicaba, además, el cierre del actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).
En lugar del NAIM, López Obrador propuso transformar la base aérea de Santa Lucía en un nuevo aeropuerto comercial, así como ampliar las operaciones del AICM y del Aeropuerto Internacional de Toluca (TLC), para incrementar el número de aterrizajes y despegues en el centro del país.
Claro que esa propuesta requiere de algunos permisos para poder materializarse, como era la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del aeropuerto en Santa Lucía, que presentó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a Semarnat, por ser la entidad encargada de construir esa terminal aérea.
“Se concluye que el proyecto del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, con base en la información proporcionada por Sedena y bajo el contexto presentado en el estudio, es viable en materia de riesgo ambiental, ya que las consecuencias potenciales de los eventos evaluados presentan afectaciones mínimas al entorno ambiental, en su mayoría temporales”, dijo Semarnat, en la resolución por la que aprobó el estudio de impacto ambiental.
La dependencia federal también dijo que de los potenciales riesgos de esa terminal aérea comercial, que se conocerá como AISL, sólo identificó incendios o explosiones. Pero que de darse, sólo impactarían al interior del polígono del aeropuerto, sin tener consecuencias para la población o infraestructura aledaña a la terminal aérea.
“De los riesgos identificados, se tiene que todos los escenarios simulados obtenidos del análisis de consecuencias indican que las principales afectaciones potenciales ocurrirían en el interior de las instalaciones del AISL, por lo que no se prevén repercusiones importantes a la población o infraestructura ubicada fuera del límite de propiedad”, dijo Semarnat.
Claro que además del MIA, Sedena deberá también contar con el estudio de aeronavegabilidad que actualmente elabora la empresa europea NAVBLUE, a fin de asegurar que el futuro AISL podrá operar simultáneamente con el AICM y el TLC.
La importancia del estudio de aeronavegabilidad, entre otros que aún deberá obtener AISL, radica en que sin él, ninguna línea aérea volará a Santa Lucía por la falta de garantías en materia de seguridad aérea.
El estudio de aeronavegabilidad certificará si los tres aeropuertos del centro del país, que están relativamente cerca uno del otro --entre 35 y 70 kilómetros de distancia-- pueden operar simultáneamente o no, para incrementar el número de llegadas y salidas en la zona a fin resolver el problema de la saturación aérea del centro del país
La construcción de la nueva terminal aérea en Santa Lucía también enfrenta una serie de retos legales luego que diversas organizaciones no gubernamentales obtuvieron amparos para frenar la construcción de ese nuevo aeropuerto.
Claro que esos amparos los otorgaron las autoridades judiciales a fin de forzar a Sedena a cumplir con todos los requisitos que exige la ley antes de iniciar la construcción.
Si Sedena prueba que ha cumplido con todas las exigencias legales entonces es altamente problema que esos amparos carezcan de validez y que las autoridades militares, quienes también estarán encargadas de la administración y operación del aeropuerto de Santa Lucía, puedan iniciar esa obra, así como una infraestructura de transporte de cerca de 36 kilómetros de longitud para conectar ese nuevo aeropuerto con el actual de la capital.
De acuerdo con estimaciones del gobierno federal, el aeropuerto de Santa Lucía costará 68 mil millones de pesos (tres mil 580 millones de dólares), más el Impuesto al Valor Agregado (IVA), lo que representa un monto significativamente menor al costo de cerca de 19 mil millones de dólares que estimaron las autoridades del actual gobierno.
Aunque, habría claro que añadir al precio del AISL los cerca de seis mil millones dólares que el gobierno desembolsó o desembolsará para pagar la deuda que asumió la construcción del NAIM, más los contratos de construcción inconclusos.
La nueva terminal aérea en Santa Lucía tendrá una capacidad para transportar a 30 millones de pasajeros adicionales a los que actualmente atiende el aeropuerto de la Ciudad de México, que tiene una capacidad de poco menos de 50 millones, pero que el gobierno espera que aumenta por su remodelación.
Las autoridades estiman que en total el proyecto del sistema aeroportuario del Valle de México y del Valle de Toluca podrá mover hasta 140 millones de pasajeros al año cuando esté operando a toda capacidad en varios años.
Fecha de publicación: 25/07/2019
Etiquetas: México Santa Lucia estudio Semarnat aeronavegabilidad